Este blog de promoción cultural no se caracteriza por generar opinión con respecto a sucesos de índole cultural, pues quien suscribe muchas veces no se siente capaz de abordar un tema debido a la poca sapiencia en el asunto ni para entrar en alguno de los bandos de la discusión. No obstante, lo que ha ocurrido durante las dos últimas semanas del año 2010 con la ya muy mencionada LEY PROCINE merece una reflexión al respecto.En el 2010, diversas noticias acerca de legislación cultural han salido a la luz pública por diversos motivos: la protesta de los trabajadores por el pase del Archivo Histórico al ámbito del INC; la creación del Ministerio de Cultura, con ley donde los especialistas en el rubro cultural del país poco o nada intervinieron para su formación; la protesta que realizaron las Escuelas de las Artes en el país donde no aceptaban la fusión por absorción que planteaba el Decreto del Ministerio de Cultura; y finalmente, dos gremios del cine peruano salen a la luz a raíz de la "ley de Fomento y Masificación del cine nacional" aprobada en el congreso pero por promulgar hasta hoy.
Para quienes no quieren revisar la citada ley, siendo un documento técnico-legal poco entendible, les resumiremos en cuestión que presenta el documento: la norma promueve la inversión en infraestructura de nuevas salas de cine en el territorio nacional, modifica el inciso “c” del artículo 57° de la Ley de Tributación Municipal estableciendo en 0% el impuesto correspondiente para los espectáculos cinematográficos. Además, se crea el Fondo de Fomento a la Producción Cinematográfica Peruana (PROCINE) cuya función principal será brindar recursos para impulsar la creación, producción, difusión y comercialización de las obras cinematográficas nacionales. Le corresponderá al Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE), dictar la política de administración.
Para quienes no quieren revisar la citada ley, siendo un documento técnico-legal poco entendible, les resumiremos en cuestión que presenta el documento: la norma promueve la inversión en infraestructura de nuevas salas de cine en el territorio nacional, modifica el inciso “c” del artículo 57° de la Ley de Tributación Municipal estableciendo en 0% el impuesto correspondiente para los espectáculos cinematográficos. Además, se crea el Fondo de Fomento a la Producción Cinematográfica Peruana (PROCINE) cuya función principal será brindar recursos para impulsar la creación, producción, difusión y comercialización de las obras cinematográficas nacionales. Le corresponderá al Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE), dictar la política de administración.
Serán recursos del referido fondo los aportes que efectúen los distribuidores y exhibidores de películas cinematográficas, quienes destinarán para el efecto el 3.33% sobre el valor de cada entrada, deduciendo el IGV y cualquier otro impuesto. De igual manera serán recursos del referido fondo las donaciones en dinero y bienes y los aportes que provengan de la cooperación internacional.
La norma también dispone que los distribuidores y exhibidores cinematográficos presenten cada año a partir del 2011 un informe sobre la inversión en infraestructura cinematográfica desarrollada, con el objetivo de reducir el déficit de salas de cine en las principales ciudades del país que no cuenten con este servicio. Establece que dichos distribuidores y exhibidores deberán efectuar mensualmente exhibiciones gratuitas de los principales estrenos, para los sectores de escasos recursos económicos del país. Para el efecto deberán elaborar un programa de exhibiciones que será presentado semestralmente al CONACINE.
Finalmente la ley crea el “Fondo Antipiratería” el mismo que estará financiado por una contribución voluntaria de los distribuidores y exhibidores de películas cinematográficas. Dicha contribución que será del orden del 0.2% del valor de cada entrada sin incluir el Impuesto General a las Ventas, se iniciará desde el mes siguiente de publicada la presente ley y hasta por 5 años consecutivos.
Qué genera el desconcierto
En la Ley 26370, que ha regido el cine peruano desde 1994, en el artículo 17 estipulaba el monto anual que debía otorgar el Estado al cine peruano para la producción de películas, unos US$2 millones. Sin embargo, la Ley Procine hace desaparecer esa obligación del Estado. Esto es grave pues la intención principal de la ley era que fuera complementaria, haciendo que un 3,33% de la entradas vaya al fondo Procine, y que sería un ingreso extra (de alrededor de S/.7 millones) a lo que ya aportaba el Estado.
Ahora, dentro de esta situación aparecieron dos gremios con posturas diferentes: una es la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP), que agrupa a cineastas que están a favor de la ley como Francisco Lombardi, Josué Méndez o Augusto Tamayo. La otra postura, es la que conforma La Unión de Cineastas Peruanos (UCP), quienes han estado en total desacuerdo con lo que promulgó en el Congreso, pues consideran que el aporte de las entradas debe ser de 5%. Además están en contra de que el aporte se consiga a partir de un convenio que firma Conacine con los distribuidores y exhibidores de películas, quienes se benefician con la ley porque deroga el impuesto municipal a la entrada de cine, correspondiente al 10% del valor de la misma. Un convenio que, como cualquier contrato entre partes, puede ser renegociado ante cualquier eventualidad. La UCP espera que, corregido o no, el Ejecutivo observe el proyecto.
Ahora, dentro de esta situación aparecieron dos gremios con posturas diferentes: una es la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP), que agrupa a cineastas que están a favor de la ley como Francisco Lombardi, Josué Méndez o Augusto Tamayo. La otra postura, es la que conforma La Unión de Cineastas Peruanos (UCP), quienes han estado en total desacuerdo con lo que promulgó en el Congreso, pues consideran que el aporte de las entradas debe ser de 5%. Además están en contra de que el aporte se consiga a partir de un convenio que firma Conacine con los distribuidores y exhibidores de películas, quienes se benefician con la ley porque deroga el impuesto municipal a la entrada de cine, correspondiente al 10% del valor de la misma. Un convenio que, como cualquier contrato entre partes, puede ser renegociado ante cualquier eventualidad. La UCP espera que, corregido o no, el Ejecutivo observe el proyecto.
Después de un plantón, dimes y diretes que la opinión pública estuvo de testigo en cómo se pretendía quedar mal al gremio en protesta, finalmente el 28 de diciembre el Congreso se reúne para poner en agenda la modificación de la Ley con lo que la norma quedó lista para ser promulgada por el Ejecutivo. No obstante, las dos asociaciones de cineastas anunciaron que solicitarán mediante una carta que la ley no sea firmada por el Ejecutivo sino devuelta al Congreso, donde buscan incluir una serie de modificaciones.
Esperamos que, a partir de ahora, este nuevo año que empieza nos traiga mejroes noticias con respecto a la postura de ambos gremios que reunen a quienes trabajan por el cine de nuestro país. Sin embargo, el tratamiento de la información que los medios abiertos brindaron con respecto al tema no fue del todo correcta, pues pretendieron mostrar a los opositores de la norma como un grupo que sólo protestaba por el aporte del estado y hubo mucho más motivos por los cuales daban su postura; desgraciadamente quienes no están vinculados a la práctica de la producción cinematográfica en el país poco o nada entenderá y menos tendra algún pretecxto para indagar.
Encontré un artículo interesante, que recomiendo, acerca de "lo bueno, lo malo y lo horrible" acerca de la ley. Se encuentra en la Página de Enfoque Derecho, escrita por Felipe Gamboa Lozada haciendo click aquí.
También esperamos que esta vez, un actor importante como es el Ministerio de Cultura tome una opinión al respecto y su participación sea contundente. Daniel Alfaro, director de Industrias Culturales, se ha reunido con representantes de ambos gremios como con independientes. Su análisis será crucial para ver si el presidente promulga o no la ley.
Encontré un artículo interesante, que recomiendo, acerca de "lo bueno, lo malo y lo horrible" acerca de la ley. Se encuentra en la Página de Enfoque Derecho, escrita por Felipe Gamboa Lozada haciendo click aquí.
También esperamos que esta vez, un actor importante como es el Ministerio de Cultura tome una opinión al respecto y su participación sea contundente. Daniel Alfaro, director de Industrias Culturales, se ha reunido con representantes de ambos gremios como con independientes. Su análisis será crucial para ver si el presidente promulga o no la ley.
Les dejo con un vídeo que refleja el plantón que realizaron el gremio de UCP. También es importante resaltar que se necesitan especialistas en el tema legal para que puedan interceder en los gremios, pues la debilidad en cuanto al entendimiento de lo tecnico-legal es cada vez mayor.
